A pesar de que el criterio dominante en Bolivia es que la nueva
Constitución Política del Estado es bastante vanguardista en materia de
protección a los Derechos Humanos, el trabajo realizado durante los últimos 4
años por el Observatorio de Derechos, ha
evidenciado el estado de indefensión en el que se encuentran los ciudadanos
bolivianos, situación que no ha mejorado en el último año, ya que dentro de los
seis ejes temáticos de investigación, de enero a noviembre del 2015, se han
monitoreado 426 casos de violaciones
y potenciales violaciones a los derechos humanos en Bolivia, mismo que se desglosan
en el presente resumen.
1) Suspensión y Destitución de Autoridades
Democráticamente Elegidas (11 casos), destacando la persistencia de la suspensión (julio de 2012) de los 7 concejales del
periodo legislativo 2010-2015 del municipio de Santa Cruz de la Sierra, quienes
no pudieron reasumir sus curules durante más de la mitad de su gestión, a pesar
de las sendas resoluciones judiciales que habian ordenado su reincorporación, ordenando
finalmente el TCP su restitución en marzo de 2015, un mes antes de finalizar el
periodo legislativo.
2) Persecución Judicial por Motivaciones
Políticas (217 casos), destacando el caso del candidato a la
Alcaldía de Sucre por la alianza opositora Arriba Chuquisaca (ACH), Luis
Ayllón, quien en una fallo sin precedente fue condenado por un Tribunal de
Sentencia a dos años de cárcel por el delito de incumplimiento de deberes, cuando
el Ministerio Público y el actual gobernador, Esteban Urquizu, lo acusaron de
peculado por la supuesta pérdida de una cámara fotográfica en 2010. Debido a
que no tuvo el derecho de presentar pruebas de descargo por el delito de
incumplimiento de deberes, el hecho deriva en una flagrante falta del debido
proceso, por lo que Ayllón presento una apelación
ante el Tribunal Departamental de Justicia, instancia que deja sin efecto la
sentencia indicando que se le había vulnerados derechos fundamentales como el
de la legítima defensa.
3) En Discriminación Política (284 casos), destacando
el caso de Unidad - Beni (UD), quienes comentaron una encuesta interna en
contravención del parágrafo III del art.
136 de la Ley Nº 026 del Régimen Electoral. La denuncia por la supuesta contravención
fué sustanciada por el Tribunal Electoral Departamental del Beni determinando
la imposición de una multa económica que ascendió al monto de 8.588,06 Bs. UD impugno
la sanción impuesta ante el Tribunal Supremo Electoral, instancia que una
semana antes del proceso electoral dictó una resolución confirmando la sanción
apelada, canceló la personalidad jurídica de UD y adicionalmente aplicó una
sanción que canceló la cacndidadtura de sus 228 candidatos, en una patente
vulneración de los derechos políticos, toda vez que ninguno de los candidadtos
cumplia con una las tres causales (previa sentencia ejecutoriada), de
suspensión de los derechos políticos delimitados en el art. 28 de la Contitución;1) por tomar armas y prestar
servicio en fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra; 2) por defraudación
de recursos públicos; y 3) por traición a la patria.
4)Violencia y Acoso Político Contra la
Mujer en Ejercicio de Cargos Electivos (21 casos), destacando el caso de la
recienteente electa alcaldesa de El
Alto (La Paz), por Unidad Nacional (UN), Soledad Chapetón, con quien el
gobierno del presidente Evo Morales advirtió que no coordinaría labores debido
las diferencias ideológicas que mantiene con el partido al que ella pertenece. Finalmente a inicios del mes de junio, Vecinos de tres
distritos de ese municipio protagonizaron un cerco a la alcaldía, exigiendo que
se les permita la elección de los sub-alcaldes por usos y costumbres, cuando estos principios no se aplican para los
ciudadanos de las urbes, sino para quienes habitan el área rural. Tratando de esta
menar de coartarle una de facultades como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), la
de libre designación de personal de su confianza para los cargos de
sub-alcaldes.
5) Suspensión de Autoridades Judiciales por
Motivaciones Política (4 casos), destacando a principios de año la finalización
del juicio de los tres Magistrados del Tribunal Constitucional
Plurinacional (Gualberto Cusi, Soraida Chánez y Ligio Velásquez), quienes
fueron procesado por los miembros del Órgano Legislativo por una Ley redactada y sancionada por ellos
mismo, esto por haber admitido en el ejercicio de sus funciones una acción de
inconstitucionalidad de la Ley del Notariado, suspendiendo la aplicación de la
Ley hasta la emisión de sentencia constitucional que resuelva la acción
planteada.
Finalmente el Tribunal de Sentencia del Senado Nacional, emitió una
resolución excluyendo al magistrado suspendido Gualberto Cusi del juicio que se
le inició por supuesto incumplimiento de deberes, sin embargo, la resolución no
le restituyo en su cargo como magistrado. Por su parte, la magistrada Ligia
Velásquez renuncio a su cargo, por lo que fue sobreseía y finalizo para
ella el juicio en el Senado. Posteriormente, el Tribunal de Sentencia del
Senado, conformado por senadores del oficialista Movimiento Al Socialismo
(MAS), destituyo de su cargo a la magistrada Soraida Chánez y remitió el
proceso al Ministerio Público.
Todo esto en una clara vulneración de sus derechos, ya que violo el
principio fundamental de la independencia de funciones de los órganos de
poder, no se respetó el debido proceso,
fueron juzgados en una instancia eminentemente política y además no se cumplió
con los estándares internacionales del sistema interamericano de protección a
los derechos humanos, como ser el de contar con un tribunal de apelación.
6) Restricciones a la Libertad de Expresión
y de Prensa, (30 casos), sin embargo, cabe mencionar que al 30 de julio de 2015,
la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), tenía
registradas 44 alertas de agresiones en todo el país, las que incluyen
denuncias de agresiones físicas y verbales, amenazas, acoso judicial y
encarcelamiento contra trabajadores de la prensa. Desctacando el caso de la periodista de la Radio
Erbol; Amalia Pando, a quien en medio de una controversia renuncio a cargo de conductora de un programa noticioso
el 31 de agosto, afirmado que lo hacía para salvar a su medio de comunicación,
yas que las empresas privadas se inhibía de de entregar publicidad a Radio
Erbol para evitar tener problemas con el gobierno.
Por otro lado, durante el mes de julio se tuvo que lamentar
la detención ilegal de los periodistas Juan Carlos Paco Veramendi y Boris Delgado, durante los incidentes
violentos ocurridos en La Paz, cuando estos realizaban cobertura periodística
para los medios de comunicación de la Villa Imperial, esto muy a pesar de la
intervención de la ANP y de que se corroboro la acreditación de ambos como
periodistas. Frente a esta insólita
situación, Reporteros Sin Fronteras y organizaciones de la prensa de Bolivia
hicieron sus buenos oficios para abogar por la libertad de los detenidos,
finalmente un juzgado de La Paz dispuso su libertad. En este punto cabe mencionar
que de acuerdo al Informe Mundial Sobre Libertad de Prensa para el año 2014,
presentado por Reporteros Sin Fronteras, Bolivia ocupa el lugar 94, de entre
180 países.
También es necesario mencionar las declaraciones de presión,
hostigamiento y censura vertidas por parte de diferentes autoridades
gubernamentales en contra de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que
no se encuentran alineas con el discurso oficialista y sus políticas públicas:
Declaraciones que han sido fuertemente
censuradas de manera interna y externa, esto por atentar contra varios
principios y valores del “Estado de Derecho Democrático”, entre los que
destacan la libertad de asociación para fines lícitos y la libertad de
expresión. Esta situación propició que 31 intelectuales de América Latina, Norteamérica y Europa difundieran una carta pública dirigida al Vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. En la misiva destaca la firma de Boaventura de Sousa Santos, uno de los principales referentes teóricos del denominado proceso de cambio. En la misma los firmantes expresan su preocupación "por las acusaciones y amenazas de expulsión" lanzadas por el segundo mandatario del país contra cuatro ONG´s (Tierra, Milenio, CEDIB y CEDLA), los académicos, calificaron las amenazas como "un gesto de autoritarismo e intolerancia“.
La evidencia nos demuestra que
el "Estado de Derecho Democrático" no se encuentra en plena vigencia en Bolivia,
por lo que todavía es mucho qlo ue resta por hacer para que esta situación de
menosprecio e irrespeto a los Derechos Humanos se revierta.
Texto: Romano Paz
CoordinadorObservatorio Boliviano de Derechos Humanos
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