2015 y los Derechos Humanos en Bolivia

A pesar de que el criterio dominante en Bolivia es que la nueva Constitución Política del Estado es bastante vanguardista en materia de protección a los Derechos Humanos, el trabajo realizado durante los últimos 4 años por el  Observatorio de Derechos, ha evidenciado el estado de indefensión en el que se encuentran los ciudadanos bolivianos, situación que no ha mejorado en el último año, ya que dentro de los seis ejes temáticos de investigación, de enero a noviembre del 2015, se han monitoreado 426 casos de violaciones y potenciales violaciones a los derechos humanos en Bolivia, mismo que se desglosan en el presente resumen.

 

1) Suspensión y Destitución de Autoridades Democráticamente Elegidas (11 casos), destacando la persistencia de la suspensión (julio de 2012) de los 7 concejales del periodo legislativo 2010-2015 del municipio de Santa Cruz de la Sierra, quienes no pudieron reasumir sus curules durante más de la mitad de su gestión, a pesar de las sendas resoluciones judiciales que habian ordenado su reincorporación, ordenando finalmente el TCP su restitución en marzo de 2015, un mes antes de finalizar el periodo legislativo.

2) Persecución Judicial por Motivaciones Políticas (217 casos), destacando el caso del candidato a la Alcaldía de Sucre por la alianza opositora Arriba Chuquisaca (ACH), Luis Ayllón, quien en una fallo sin precedente fue condenado por un Tribunal de Sentencia a dos años de cárcel por el delito de incumplimiento de deberes, cuando el Ministerio Público y el actual gobernador, Esteban Urquizu, lo acusaron de peculado por la supuesta pérdida de una cámara fotográfica en 2010. Debido a que no tuvo el derecho de presentar pruebas de descargo por el delito de incumplimiento de deberes, el hecho deriva en una flagrante falta del debido proceso, por lo que Ayllón presento una apelación ante el Tribunal Departamental de Justicia, instancia que deja sin efecto la sentencia indicando que se le había vulnerados derechos fundamentales como el de la legítima defensa.

 

 

3) En Discriminación Política (284 casos), destacando el caso de Unidad - Beni (UD), quienes comentaron una encuesta interna en contravención del parágrafo III del art. 136 de la Ley Nº 026 del Régimen Electoral. La denuncia por la supuesta contravención fué sustanciada por el Tribunal Electoral Departamental del Beni determinando la imposición de una multa económica que ascendió al monto de 8.588,06 Bs. UD impugno la sanción impuesta ante el Tribunal Supremo Electoral, instancia que una semana antes del proceso electoral dictó una resolución confirmando la sanción apelada, canceló la personalidad jurídica de UD y adicionalmente aplicó una sanción que canceló la cacndidadtura de sus 228 candidatos, en una patente vulneración de los derechos políticos, toda vez que ninguno de los candidadtos cumplia con una las tres causales (previa sentencia ejecutoriada), de suspensión de los derechos políticos delimitados en el art. 28 de la Contitución;1) por tomar armas y prestar servicio en fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra; 2) por defraudación de recursos públicos; y 3) por traición a la patria.

 

 

4)Violencia y Acoso Político Contra la Mujer en Ejercicio de Cargos Electivos (21 casos), destacando el caso de la recienteente electa alcaldesa de El Alto (La Paz), por Unidad Nacional (UN), Soledad Chapetón, con quien el gobierno del presidente Evo Morales advirtió que no coordinaría labores debido las diferencias ideológicas que mantiene con el partido al que ella pertenece. Finalmente a inicios del mes de junio, Vecinos de tres distritos de ese municipio protagonizaron un cerco a la alcaldía, exigiendo que se les permita la elección de los sub-alcaldes por usos y costumbres, cuando estos principios no se aplican para los ciudadanos de las urbes, sino para quienes habitan el área rural. Tratando de esta menar de coartarle una de facultades como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), la de libre designación de personal de su confianza para los cargos de sub-alcaldes.  

 

 

 

5) Suspensión de Autoridades Judiciales por Motivaciones Política (4 casos), destacando a principios de año la finalización del juicio de los tres Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (Gualberto Cusi, Soraida Chánez y Ligio Velásquez), quienes fueron procesado por los miembros del Órgano Legislativo por  una Ley redactada y sancionada por ellos mismo, esto por haber admitido en el ejercicio de sus funciones una acción de inconstitucionalidad de la Ley del Notariado, suspendiendo la aplicación de la Ley hasta la emisión de sentencia constitucional que resuelva la acción planteada. 

 

 

Finalmente el Tribunal de Sentencia del Senado Nacional, emitió una resolución excluyendo al magistrado suspendido Gualberto Cusi del juicio que se le inició por supuesto incumplimiento de deberes, sin embargo, la resolución no le restituyo en su cargo como magistrado. Por su parte, la magistrada Ligia Velásquez  renuncio a su cargo, por lo que fue sobreseía y finalizo para ella el juicio en el Senado. Posteriormente, el Tribunal de Sentencia del Senado, conformado por senadores del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), destituyo de su cargo a la magistrada Soraida Chánez y remitió el proceso al Ministerio Público.

Todo esto en una clara vulneración de sus derechos, ya que violo el principio fundamental de la independencia de funciones de los órganos de poder,  no se respetó el debido proceso, fueron juzgados en una instancia eminentemente política y además no se cumplió con los estándares internacionales del sistema interamericano de protección a los derechos humanos, como ser el de contar con un tribunal de apelación.  

6) Restricciones a la Libertad de Expresión y de Prensa, (30 casos), sin embargo, cabe mencionar que al 30 de julio de 2015, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), tenía registradas 44 alertas de agresiones en todo el país, las que incluyen denuncias de agresiones físicas y verbales, amenazas, acoso judicial y encarcelamiento contra trabajadores de la prensa. Desctacando el caso de la periodista de la Radio Erbol; Amalia Pando, a quien en medio de una controversia renuncio a cargo de conductora de un programa noticioso el 31 de agosto, afirmado que lo hacía para salvar a su medio de comunicación, yas que las empresas privadas se inhibía de de entregar publicidad a Radio Erbol para evitar tener problemas con el gobierno.

 

Por otro lado,  durante el mes de julio se tuvo que lamentar la detención ilegal de los periodistas Juan Carlos Paco Veramendi  y Boris Delgado, durante los incidentes violentos ocurridos en La Paz, cuando estos realizaban cobertura periodística para los medios de comunicación de la Villa Imperial, esto muy a pesar de la intervención de la ANP y de que se corroboro la acreditación de ambos como periodistas. Frente a esta insólita situación, Reporteros Sin Fronteras y organizaciones de la prensa de Bolivia hicieron sus buenos oficios para abogar por la libertad de los detenidos, finalmente un juzgado de La Paz dispuso su libertad. En este punto cabe mencionar que de acuerdo al Informe Mundial Sobre Libertad de Prensa para el año 2014, presentado por Reporteros Sin Fronteras, Bolivia ocupa el lugar 94, de entre 180 países.

 

También es necesario mencionar las declaraciones de presión, hostigamiento y censura vertidas por parte de diferentes autoridades gubernamentales en contra de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que no se encuentran alineas con el discurso oficialista y sus políticas públicas: Declaraciones que han sido fuertemente censuradas de manera interna y externa, esto por atentar contra varios principios y valores del “Estado de Derecho Democrático”, entre los que destacan la libertad de asociación para fines lícitos y la libertad de expresión.
 

Esta situación propició que 31 intelectuales de América Latina, Norteamérica y Europa difundieran una carta pública dirigida al Vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. En la misiva destaca la firma de Boaventura de Sousa Santos, uno de los principales referentes teóricos del denominado proceso de cambio. En la misma los firmantes expresan su preocupación "por las acusaciones y amenazas de expulsión" lanzadas por el segundo mandatario del país contra cuatro ONG´s (Tierra, Milenio, CEDIB y CEDLA),  los académicos, calificaron las amenazas como "un gesto de autoritarismo e intolerancia“.

 

La evidencia nos demuestra que el "Estado de Derecho Democrático" no se encuentra en plena vigencia en Bolivia, por lo que todavía es mucho qlo ue resta por hacer para que esta situación de menosprecio e irrespeto a los Derechos Humanos se revierta.

 

Texto: Romano Paz

Coordinador
Observatorio Boliviano de Derechos Humanos